• La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado el Centro Penitenciario de Estremera en el que, gracias a la asignación tributaria del IRPF del MSSSI y en colaboración con Instituciones Penitenciarias, Plena inclusión desarrolla el programa “Atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, reclusas o ex reclusas, que cumplen medidas alternativas o se encuentran en procedimientos judiciales”.
  • El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y el Vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez, han acompañado en la visita a la secretaria de Estado.
  • Aproximadamente, unas 1.900 personas de la población reclusa de la Administración General del Estado presenta algún tipo de discapacidad intelectual o problema de salud mental y entre el 60% y el 70% de estas personas llega al Centro Penitenciario sin que se haya detectado previamente la existencia de la discapacidad.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado el Centro Penitenciario de Estremera en el que, gracias a la asignación tributaria del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en colaboración con Instituciones Penitenciarias, Plena Inclusión Madrid desarrolla el programa “Atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, reclusas o ex reclusas, que cumplen medidas alternativas o se encuentran en procedimientos judiciales”.

El programa consiste en desarrollar un conjunto de actuaciones habilitadoras, rehabilitadoras, de apoyo y asesoramiento para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que han cometido una falta y/o delito, y que pueden estar en situación preventiva (privativa o no de libertad), penados, con medida de seguridad (privativos o no de libertad) o ex reclusos, cuya finalidad consiste en que se respeten sus derechos como personas con discapacidad intelectual y fomentar su integración social.

Acompañada del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y del Vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez, la secretaria de Estado ha conocido de primera mano el trabajo que allí se realiza y la necesidad de capacitar a los profesionales de la Justicia, incluido el personal policial y penitenciario, para garantizar la detección de la discapacidad y el apoyo a estas personas, así como garantizar ajustes de procedimiento cuando se imponga la pena privativa de libertad que garantice el bienestar y la seguridad de estas personas, mucho más vulnerables por su discapacidad.

Aproximadamente, unas 1.900 personas de la población reclusa de la Administración General del Estado presenta algún tipo de discapacidad intelectual o problema de salud mental y entre el 60% y el 70% de las personas con discapacidad intelectual en prisión han llegado al Centro Penitenciario sin que se haya detectado previamente la existencia de la discapacidad.

Plena Inclusión (antes FEAPS) lleva veinte años colaborando con las administraciones e instituciones penitenciarias gestionando este programa, que en la actualidad está apoyando a 1.200 personas en toda España en los Centros Penitenciarios de Aragón, Valencia, Asturias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Alicante, Cantabria, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Andalucía.

Plena Inclusión es el movimiento de la discapacidad intelectual mayoritario en España que reúne a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias que les prestan apoyo, así como otras personas asociadas y simpatizantes. Su objetivo es la plena inclusión, lo que significa que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo pueda tener un proyecto de vida propio y participar en la sociedad como el resto de ciudadanos y ciudadanas.