Plena inclusión lanza un SOS al Gobierno ante la situación de desamparo que soportan 17.000 personas con discapacidad intelectual confinadas en más de 1.000 dispositivos residenciales (residencias y pisos tutelados) de todo el país. La organización también recuerda el riesgo de abandono en el que se hallan miles de familias condicionadas por la cuarentena del coronavirus, que atienden en sus domicilios, sin prácticamente medios, a un gran número de personas con discapacidad intelectual, TEA o parálisis cerebral.
La confederación que agrupa a 935 asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad intelectual y sus familias, distribuidas por las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, ha hecho llegar esta llamada de auxilio al Gobierno de Pedro Sánchez ante la falta de material médico y de protección, la saturación de los servicios y el aumento de nuevos casos confirmados de coronavirus en lugares donde el personal que los atiende asume una enorme sobrecarga de trabajo generado por la pandemia.
“Reclamamos al Gobierno y a las Comunidades Autónomas urgentes suministros EPI (Equipos de protección Individual: mascarillas, guantes, etc.), el refuerzo del personal sanitario y que entiendan que en este momento crítico las personas con discapacidad intelectual son población especialmente vulnerable”, ha denunciado Santiago López, presidente de Plena inclusión España.
Plena inclusión advierte que el progresivo deterioro de las condiciones en estos espacios residenciales pone en serio riesgo cientos de vidas humanas. “Desde nuestras residencias nos llegan informaciones alarmantes sobre el desabastecimiento de productos básicos de prevención del contagio. Los servicios están superados en su capacidad de reacción”. También añade que el personal, aunque demuestra cada día una entrega generosa que va mucho más allá de lo exigible, se ve obligado a doblar turnos y empieza a verse superado por una situación que excede cualquier previsión. Las organizaciones de Plena inclusión están desarrollando servicios de apoyo a distancia para poder, en la medida de sus posibilidades, paliar la situación de confinamiento y las necesidades básicas de las familias con mayores dificultades.
POBLACIÓN MUY VULNERABLE
Desde Plena inclusión se apoya la decisión del Ministerio de Sanidad de priorizar recursos y personal suficientes para atender la situación de las residencias de personas mayores y otros colectivos. “Las autoridades no deberían olvidar que un gran número de las personas con discapacidad intelectual a las que atendemos en los dispositivos residenciales de Plena inclusión, también son personas mayores y por tanto necesitan una atención prioritaria”, subraya López.
Se estima que en España hay en torno a 63.610 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que presentan necesidades de apoyo complejas, ya sea por la presencia de otras discapacidades (físicas, sensoriales, etc.) como por la de problemas deconducta o trastornos de la salud mental.
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