La Cámara Alta aprueba esta tarde la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares, Plena inclusión, representantes de personas con discapacidad y de familias demandan financiación y compromiso a las administraciones públicas para que se creen los apoyos necesarios

El cambio legislativo supone un acercamiento de España a los principios recogidos en la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad

Madrid, 12 de mayo de 2021.- A falta de la aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica está hoy más cerca de ser una realidad, gracias a su ratificación en el pleno del Senado.

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión, que estarán presentes en el momento de su aprobación por parte de la Cámara Alta, aplauden este nuevo paso que acerca a España al cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “pagando la deuda histórica que tenemos con las personas que, como las que apoyamos a través de las Fundaciones Tutelares, están incapacitadas judicialmente y a las que se les ha negado el derecho a decidir sobre sus propias vidas, algo que desde la organización entendemos como una discriminación que limita su estatus de ciudadanas de pleno derecho”, asegura Ignacio Recondo, presidente de la AEFT.

Para el presidente de Plena inclusión, Santiago López: “Con esta reforma nos enfrentamos a retos que suponen una transformación profunda de nuestros sistemas de apoyo y garantías para la presencia, participación e influencia de todas las personas en la sociedad. Esperamos que todos estemos a la altura de esta oportunidad histórica”.

Este nuevo paso, que ambas organizaciones califican como “un antes y un después para la historia democrática de nuestro país” es acogido con “ilusión” por parte de Santiago Izquierdo, portavoz con discapacidad de la AEFT, que además está apoyado por FUTUCAM, Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha. Para Izquierdo: “Hace muchos años me incapacitaron totalmente, pero yo no necesito tantos apoyos. Mi sentencia es injusta, al igual que era injusto que no me dejasen votar, porque siempre tuve claro a quién quería votar, menos mal que ahora ya podemos hacerlo. Solo espero que con la reforma del Código Civil se revise mi sentencia y pongan los apoyos que necesito, ni más, ni menos”, explica.

Por su parte, María Pino, otra persona apoyada por la misma entidad y que, de alguna manera, se adelantó a la reforma al haber solicitado la revisión de su sentencia, la participación en el proceso y haber podido decidir los apoyos que quería recibir, considera que “con esta ley seremos los protagonistas de nuestras vidas” y anima a otras personas con discapacidad a “que luchen, que si yo lo logré, ellos también lo pueden lograr” porque a su juicio, tener sentencias ajustadas es “un derecho” que ella ha peleado y que le ha ayudado a “sentir que decido por mí misma”, explica, porque, por ejemplo, “antes tenía que venir (la Fundación) a firmar un documento, pero ahora ya lo firmo yo, aunque venga aquí y ellos me asesoren si lo tengo que firmar o no”, cuenta.

Por parte de las familias, Mar Sánchez, que tiene una hermana con discapacidad intelectual tutelada, cree que con la reforma los cambios serán más visibles en la sociedad que en las propias familias, ya que “seguro que, de cara al exterior, a la sociedad, las personas van a sentirse más importantes, porque van a ser más: ‘sí, tú también’. Además, las administraciones tienen que dotar de los recursos suficientes para aportar los apoyos que necesiten las personas y sus familias”, exige.

Las aportaciones de la AEFT y Plena inclusión, junto a las realizadas por el CERMI, han sido tenidas en cuenta para configurar la nueva norma, siendo claves para definir los sistemas de apoyo y ajustes de procedimiento que asegurarán una toma de decisiones con apoyos en el ámbito jurídico para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Ahora, ambas organizaciones exigen que el nuevo sistema de apoyos cuente con financiación pública suficiente para poder garantizarlo.