– Plena inclusión y AEDIS exigen seguridad jurídica y financiación suficiente a las CCAA para seguir prestando unos servicios sociales esenciales

Plena inclusión calcula que la compra de EPI (Equipos de Protección Individual), con los que preservar del contagio de COVID19 a una persona en un centro residencial, supone un desembolso diario de 2,80€. Al multiplicar esta cifra por 21.250 (17.000 personas con discapacidad intelectual+4.250 profesionales que les atienden) se visibiliza un gasto diario de 59.500€ para atender al millar de centros residenciales (residencias y pisos tutelados) que el movimiento asociativo coordina en todo el Estado. 

“Estimamos un gasto total a la semana de 416.500€ para proteger de la pandemia a las personas con discapacidad intelectual y los profesionales que están, desde hace seis semanas, en los mil centros residenciales que gestionamos en toda España”, explica Santiago López, presidente de Plena inclusión España, quien reclama ayuda urgente a las administraciones públicas para comprar EPI (mascarillas, batas, calzas, gorros, guantes y gel hidroalcohólico) con los que prevenir más contagios. “También queremos visibilizar el inmenso esfuerzo que están realizando profesionales y las familias en un periodo tan difícil”, recalca López.

Desde el inicio del confinamiento, 140 personas con discapacidad intelectual han fallecido víctimas de la enfermedad y 1.828 han resultado contagiadas en los centros residenciales de Plena inclusión, la confederación que agrupa a 935 asociaciones que defienden los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral.

SERVICIOS ESENCIALES

Plena inclusión y su patronal AEDIS exigen que los gobiernos autonómicos, que son la administración con competencia en servicios sociales, reconozcan a los servicios de apoyo en Centros Ocupacionales, Centros de Día y de Atención Temprana como parte de los servicios esenciales, y de este modo les garanticen el apoyo económico que les corresponde. “Nos preocupa la decisión adoptada por algunas comunidades autónomas de suspender los contratos de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, explica Bernabé Blanco, presidente de AEDIS.

Plena inclusión y AEDIS recuerdan que dichos servicios están dando apoyo telemático, ofreciendo asistencia de urgencia y colaborando en las medidas de lucha contra el COVID 19 desde el principio de la crisis sanitaria y que resulta vital que lo sigan haciendo. Se trata de servicios esenciales que ofrecen recursos sociales, emocionales y de hábitos saludables a un colectivo con especiales dificultades. Tanto los trabajadores como familias han realizado un gran esfuerzo para seguir prestando los servicios de manera no presencial

“Reclamamos a las administraciones públicas que no dejen en una situación de abandono e inseguridad jurídica a entidades sociales que hacen una contribución esencial para las vidas de cientos de personas en situación de gran vulnerabilidad”, reclama Blanco y apunta: “Respecto a los servicios sociales se debería seguir el ejemplo del ámbito educativo donde no se han resuelto estos convenios”, ha subrayado el presidente de AEDIS.

Plena inclusión solicita al Gobierno Central que respetando las competencias de las Comunidades Autónomas genere directrices de actuación y supervise que la transferencia de fondos se destine al refuerzo de los sistemas de servicios sociales.