Tras la aprobación, ayer, en Consejo de Ministros del proyecto legislativo
Plena inclusión España saluda el proyecto de Ley de Familias como una oportunidad magnífica para mejorar las condiciones de vida de las familias de cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Sin embargo, la confederación estatal que agrupa a 950 asociaciones de la discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral) demanda la provisión de mejores apoyos extraordinarios para estas familias que soportan, de acuerdo con estudios recientes, una sobrecarga económica que fluctúa entre 25.000 y 45.000 euros/año.
“El sistema público de dependencia y gran parte de las prestaciones sociales son insuficientes para el conjunto de necesidades que tienen las familias”, denuncia Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España. Desde la confederación se reclaman: más servicios especializados y medios de conciliación, así como una defensa y promoción más extendida del derecho al empleo para familiares que deben asumir una intensidad mayor de cuidados prestados a personas con más necesidades de apoyos.
Menos ayudas, mayor deterioro
Estudios realizados por Plena inclusión, como el de ‘Todos somo Todos’ (2017), en el que se analizaban las circunstancias vitales de 63.000 personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo, recogen la percepción cotidiana de sus familias respecto a un deterioro progresivo de su salud y condiciones de vida ante la falta de los apoyos necesarios por parte de las administraciones públicas responsables de ayuda a la dependencia.
Plena inclusión también pide respaldo para los hermanos y hermanas de personas con discapacidad intelectual. Desde la organización estatal que apoya que apoyan a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, a través de sus programas y de más de 4.000 centros y servicios ubicados en todo el país Se solicita que se tenga en cuenta su aportación a la mejora de calidad de vida de sus familiares de modo que puedan compensar el apoyo que despliegan. Las familias jóvenes, con hijos e hijas con discapacidad intelectual y del desarrollo, también reclaman un soporte especializado e integral de servicios sociales, salud y educación en los primeros años.
Hay que recordar que las familias son el principal agente de bienestar y acceso a derechos ciudadanos básicos para las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que viven en la actualidad en nuestro país. Plena inclusión exige una cobertura pública, universal y gratuita del servicio de Atención Temprana (0 a 6 años). También se pide que la nueva Ley de Familias tenga en consideración la situación de vulnerabilidad de las familias que tienen como progenitores con discapacidad intelectual, o que estas personas se hayan inmersas en espacios de exclusión social o pobreza.