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Frente al actual debate político y social que está teniendo lugar con el fin de alcanzar un Pacto de Estado de Educación, Plena inclusión reclama como irrenunciable un modelo inclusivo, que asegure una verdadera igualdad de oportunidades para el alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo y asuma la atención a la diversidad como un valor añadido de todo el sistema educativo.
El pasado mes de febrero se constituyó en el Congreso la subcomisión para el Pacto de Estado Educativo, mediante la cual los diferentes grupos parlamentarios tratarán de alcanzar un acuerdo que derive en un proyecto de Ley Básica de Educación que sustituya a la Lomce. En paralelo, se ha generado un debate social sobre la educación, sus carencias presentes, sus desafíos y oportunidades futuras, en el que uno de los principales retos es el abordaje de la atención a la diversidad y la inclusión dentro de las aulas. Como organización representante de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, Plena inclusión tiene un compromiso fundamental en el ámbito educativo, en defensa de una Educación verdaderamente inclusiva.
Coincidiendo con la constitución de esa subcomisión, Plena inclusión organizó un seminario de trabajo con el fin de recoger las principales propuestas para garantizar esta inclusión en el ámbito educativo.
Para Plena inclusión, el nuevo modelo de Educación debe orientarse al bienestar de todo el alumnado y configurarse como un sistema integral de apoyos en toda la comunidad educativa, de forma que se establezca una estrecha colaboración de todos los agentes educativos en igualdad de condiciones, reforzando especialmente el protagonismo de las familias en todas las cuestiones que afectan directamente a sus hijos. Este sistema debe orientarse mediante principios de justicia y solidaridad, de competencia y ética profesional, entendiendo que la inclusión compete a toda la sociedad y ha de servir a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.
En este sentido, para Plena inclusión, un Pacto de Estado Educativo que quiera sentar las bases de un modelo de auténtica Educación inclusiva en España debe contemplar:
- Un proceso de transición para la transformación hacia una educación inclusiva, contando con las organizaciones de la discapacidad (tanto para los centros de educación especial y ordinaria), promocionando la participación voluntaria de los centros en procesos de pilotaje y sistemas de evaluación, asegurando que los actuales recursos de la educación especial se destinan a la ordinaria y evitando la apertura de nuevos centros de educación especial.
- La normativa debe Incorporar la cláusula de no rechazo, de forma que el sistema educativo no pueda denegar la admisión en colegios ordinarios. Además debe reconocer explícitamente los ajustes razonables como una medida de no discriminación en la escuela, e incorporar el derecho a apoyos centrados en cada alumno/a.
- Un sistema que promocione planes personalizados con apoyos específicos para cada alumno y alumna, y que garantice la calidad y efectividad de estos apoyos.
- Prácticas educativas inclusivas más allá de las aulas, en las que se garantice la accesibilidad universal y los apoyos tecnológicos para todo el alumnado.
- Currículos basados en el reconocimiento y ejercicio de derechos para el desarrollo de competencias para la calidad de vida, el desarrollo personal y la participación social.
- Asegurar la participación efectiva de los alumnos, sus familias y organizaciones que les representan, especialmente en la determinación de objetivos y metas, y en las regulaciones que se realicen en el ámbito educativo.
- Crear sistemas de apoyo para la transición a la vida laboral, generando certificados de profesionalidad adaptados a perfiles profesionales diversos.
- Asegurar formación en inclusión para todos los docentes y equipos de la comunidad educativa.