La confederación que agrupa a 935 asociaciones exige que se priorice la financiación de la educación de los niños y niñas con discapacidad para garantizar una educación segura y de calidad y así superar la brecha que sufre el alumnado con Necesidades Educativas Especiales
Plena inclusión confía en que aumente el apoyo público a las entidades sociales que están luchando contra la COVID 19 y sosteniendo a los sectores sociales más vulnerables
También solicita que el Ingreso Mínimo Vital incorpore a las personas con discapacidad intelectual y que fomente las políticas de empleo para este colectivo
Plena inclusión espera que el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno, que ha hecho posible la aprobación ayer en el Consejo de Ministros del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 con una cantidad récord de 293.765 millones de euros, incorpore fondos suficientes para afrontar las graves situaciones que ha generado la COVID 19 en las personas, familias y organizaciones del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual o del desarrollo.
La confederación que agrupa a 935 entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) denuncia la situación de pobreza en la que viven personas con discapacidad intelectual y sus familias, y que en ocasiones es más grave que la del conjunto de la población. Por ello, parece urgente asegurar el acceso al Ingreso Mínimo vital para las personas con discapacidad intelectual, al tiempo que se fomenten los itinerarios de inclusión y políticas activas de empleo para las personas con mayores dificultades de inserción laboral. Desde Plena inclusión se considera clave el reforzamiento de la prestación por hijo a cargo y medidas de conciliación familiar y laboral.
Otra gran prioridad es la sostenibilidad de las organizaciones de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pues se encuentran en una situación crítica al hacer frente en solitario a los sobrecostes y reconfiguraciones de servicios que ha supuesto la pandemia y que no ha contado con ingresos extraordinarios facilitados por las administraciones públicas. “Resulta urgente el aumento de los precios plaza que han quedado absolutamente desactualizados tanto en el Sistema de Dependencia como en la cartera general de servicios sociales de las Comunidades Autónomas”, demanda Santiago López, presidente de Plena inclusión España.
La educación y apoyo a la infancia es otra gran preocupación para el sector que exige asegurar que los fondos destinados a la educación y formación profesional alcancen a los niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE). Las dificultades de la brecha digital, la pérdida de terapias durante el confinamiento y la necesidad de reforzar el personal docente y sanitario precisan de financiación.
Plena inclusión cree además necesario que se garantice un despliegue de los fondos económicos con la transparencia y trazabilidad suficiente para asegurar que el impacto alcance a los colectivos y organizaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad.