Plena inclusión España ha presentado esta mañana ‘A cada lado’, un exhaustivo informe sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual en prisión que muestra una realidad muy dura donde la invisibilidad de la situación de cientos de personas con discapacidad les coloca como uno de los grupos, entre toda la población reclusa, que sufre con mayor peso la exclusión y el olvido.
El estudio, en el que han participado 367 personas con discapacidad reclusas y 81 profesionales del programa de prisiones de la confederación más importante del país (agrupa a 935 asociaciones), concluye que solo en el 31.5% de los 743 procedimientos examinados se ha tenido en cuenta la discapacidad en algún momento del proceso judicial. “Esto supone que existe una alta probabilidad de que en esos procesos se vulnerasen los derechos de las personas debido a las dificultades en la comprensión y/o comunicación o a la imposibilidad de ejercitar adecuadamente el derecho de defensa”, denuncia Inés de Araoz, autora del Informe ‘A cada lado’ y responsable del Área Jurídica de Plena inclusión España. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95%.
Otra conclusión de este informe apunta que, aunque la condena penal y la privación de libertad deberían ser el último recurso, en el 90.2% de los procesos se impuso a la persona con discapacidad intelectual una pena privativa de libertad (únicamente o en combinación con otras penas) y la pena únicamente se sustituyó o suspendió en un 3.4% de los casos. Existe un consenso internacional en que las personas penalmente no responsables no deberían permanecer en prisión, no obstante, el 66.7% de las personas cumplen las medidas privativas de libertad en centros penitenciarios y el 33.3% en Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios.
BAJO ACCESO A PROGRAMAS DE TRATAMIENTO
‘A cada lado’ se ha presentado esta mañana en un seminario online en el que ha participado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, junto a representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Oficina de Lucha contra Delitos de Odio del Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad.
El informe de Plena inclusión desvela la existencia de un nivel muy bajo de acceso a los programas de tratamiento que no estén relacionados con la discapacidad como son los programas contra la drogodependencia (9.63%); sobre salud mental (8.15%); alcoholismo (2.22%) o para agresores sexuales (1.85%) a pesar de que en muchas ocasiones el delito fue cometido por alguno de estos motivos. Así, el informe de Plena inclusión recomienda continuar con la línea de trabajo iniciada por Instituciones Penitenciarias respecto al programa para agresores sexuales para lograr adaptar dichos programas a las necesidades de las personas con discapacidad y cumplir así con la finalidad de reeducación y reinserción de la pena.
La mayor parte de las personas con discapacidad intelectual en prisión cumplen íntegramente las penas. El 66.9% de las personas participantes no ha llegado a realizar ninguna salida programada y el 55% no ha solicitado nunca un permiso. Además, únicamente un 5.7% se encuentra clasificado en el tercer grado, la forma más abierta de cumplimiento.
ALTA REINCIDENCIA
“Podríamos decir que estamos ante la crónica de una reincidencia anunciada”, confirma Inés de Araoz, y se apoya en las evidencias de los datos: la reincidencia se da en el 54.5% de los casos de las personas con discapacidad intelectual reclusas debido al fracaso del sistema y la sociedad en su conjunto (en el ámbito educativo, sanitario, social, jurídico, penitenciario, etc.). “A la situación de exclusión social, económica y educativa previa se une la falta detección de sus necesidades de apoyo una vez cometido el delito, la prácticamente asegurada condena privativa de libertad en un centro penitenciario al que es muy complejo adaptarse; el cumplimiento íntegro, encadenado y sin alivio de la condena o la falta de acceso a los programas de tratamiento o formación”, concluye la autora del estudio de Plena inclusión.
Y cuando todo termina, pasados los años, la persona vuelve a la casilla de salida, al mismo entorno en que comenzó todo, sin estar mucho más preparada que antes (sólo el 9.8% consigue empleo) y a una sociedad que la estigmatiza, rechaza y excluye. Plena inclusión cree que este no es un círculo irrompible. Por eso en su estudio sugiere más 50 propuestas de acción para poner en marcha con la colaboración de toda la sociedad y el sistema judicial y penitenciario. La generalización de la puesta en marcha de la figura de la persona facilitadora, para los procesos judiciales, es una de las principales.
En 2019 Plena inclusión atendió con su programa de personas reclusas o exreclusas a 1.771 personas prestando apoyo en procedimientos judiciales, interviniendo en el contexto penitenciario durante el cumplimiento de la pena o medida de seguridad y acompañando en los procesos de reinserción en la comunidad. La confederación trabaja desde 1987 en las prisiones y desde entonces mantiene un compromiso particular con las personas que tienen una discapacidad intelectual o del desarrollo reclusas y ex reclusas, que se convierten en las excluidas de las excluidas.
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