El movimiento asociativo de Plena inclusión se une a todas las organizaciones del ámbito de la discapacidad para celebrar que mañana miércoles 2 de diciembre, el Pleno del Senado modificará por fin el Código Penal para ilegalizar la esterilización forzada o no consentida de las personas incapacitadas judicialmente. La mayor confederación española que trabaja defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) en España se refiere a lo conseguido como una conquista social y un logro colectivo que llega tras años de incidencia política y presión del movimiento asociativo de la discapacidad, con el CERMI Mujeres siempre al frente.
“Me alegro mucho de que haya habido tanto acuerdo sobre algo tan grave y que nos afecta tanto a las mujeres con discapacidad intelectual. Con este logro histórico, España se acerca un poco más a cumplir la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”, ha declarado Maribel Cáceres, miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión y del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal.
UNA SEXUALIDAD PLENA
Desde Plena inclusión se recuerda que la Convención de la ONU reclama que la eliminación de esta violación flagrante de los derechos fundamentales de las personas incapacitadas judicialmente debe venir acompañada de medidas que garanticen que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dispongan de los apoyos necesarios para poder ejercer su maternidad o paternidad. Y eso supone que se asegure el acceso de todas estas personas a una salud reproductiva (revisiones ginecológicas, etc.) digna, igual que la que tiene el resto de la población.
La confederación estatal que agrupa a 935 asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias lleva años fomentando la promoción de una sexualidad de las personas con discapacidad que favorezca su intimidad y la posibilidad de tener pareja. Y para conseguirlo, sostiene que hay que garantizar por los medios necesarios que todas las personas puedan elegir en libertad y con plena responsabilidad.
Plena inclusión se une a las palabras del CERMI que considera que la aprobación de este cambio legal, en vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, es también «un indicador claro de la valiosa contribución de la sociedad civil a la mejora colectiva, pues se trata de un hito ideado, promovido y llevado a la práctica por el movimiento social de la discapacidad, al que se han ido adhiriendo las fuerzas políticas y los poderes del Estado».