- En su reunión, el grupo de representantes de personas con discapacidad intelectual de Plena inclusión España (GADIR) ha mostrado su profunda preocupación por la situación de miles de personas de este colectivo, que llevan varios años esperando la convocatoria de oposiciones de empleo público que la Administración anunció el año pasado, y que era la mayor hasta la fecha (279 en total).
- Este grupo manifiesta el malestar del colectivo de personas con discapacidad intelectual ante esta paralización de la convocatoria, que supone un duro golpe a las vidas de estas personas, para las que el empleo es una garantía de inclusión social.
Los datos estadísticos demuestran que en el ámbito del empleo, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen unas altas tasas de desempleo, que además crecen año tras año (del 42% en 2014 al 44,7% en 2015, según el ODISMET).
Estas personas tienen una cuota reservada del 2%, en el acceso a las plazas de empleo público en las diferentes Administraciones. En los últimos años, esta medida de discriminación positiva se ha configurado como una opción importante y segura de empleo para ellas.
Las diferentes oposiciones convocadas hasta ahora en esta cuota de reserva, tanto a nivel estatal como autonómico, han generado una gran expectativa para miles de estas personas y sus familias. Ana M. G., miembro del Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena inclusión (GADIR), que aprobó la oposición en el año 2012, afirma que “estas convocatorias son una oportunidad no sólo de tener un trabajo fijo y estable, sino de poder relacionarnos con otras personas fuera de nuestro círculo más cercano. Esto favorece nuestra inclusión en la sociedad, nuestra independencia y capacidad de decisión”.
Plena inclusión España y la Administración Pública han venido trabajando para garantizar el acceso de estas personas a la inscripción, la preparación y el examen de estas oposiciones.
En las convocatorias de 2012, 2013, 2014 y 2015 se presentaron respectivamente 2.587, 1.086, 545 y 1.448 personas, para un total de 149 plazas, lo que da una idea del volumen de demanda que existe en este tipo de oferta pública de empleo.
En julio de 2017 el Consejo de Ministros aprobó una nueva oferta de empleo público, dentro de la cual el Ministerio de Hacienda y Función Pública asignó 158 plazas a personas con discapacidad intelectual (que se sumarían además a las 121 anunciadas en el 2016 y que no se habían llegado a convocar). De todo ello resultaba la mayor convocatoria de plazas en la modalidad de reserva para personas con discapacidad intelectual conocida hasta la fecha, con un total de 279 para el perfil de “ayudante de gestión y servicios comunes”.
Sin embargo 2017 ha pasado sin que el Ministerio haya convocado ni una sola plaza. Este asunto ha sido tratado en su reunión por el grupo GADIR, equipo de representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo impulsado por Plena inclusión, que ha reclamado que se haga efectiva con carácter urgente esta convocatoria. Junto a esta petición, también reclaman que haya garantías de acceso a los mecanismos de promoción interna para quienes hayan logrado su plaza en convocatorias anteriores. A principios de febrero se han convocaron 97 plazas de promoción interna para personas con discapacidad intelectual sin las adaptaciones necesarias.
Además, es necesario el impulso de una nueva subcuota de reserva de empleo público para personas con discapacidades del desarrollo como el autismo o la inteligencia límite, así como la posibilidad de que las personas que han conseguido su plaza puedan recibir apoyos para la consolidación de su puesto de trabajo.