- La concentración ha sido organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), DOWN ESPAÑA y Plena Inclusión.
- Casi 100.000 personas con discapacidad no tienen derecho de sufragio en España por tener una sentencia de incapacitación.
- El desencadenante de la protesta de este miércoles ha sido el fallo en contra del TC a un recurso de amparo presentado por la familia de Mara, una joven con discapacidad intelectual que lucha para poder ejercer el derecho al voto.
Plena inclusión, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y DOWN ESPAÑA han celebrado este miércoles una concentración ante el Tribunal Constitucional (TC) para reclamar el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que no pueden ejercerlo, debido a sentencias que modifican su capacidad legal.
El acto reivindicativo se ha celebrado bajo el lema #MiVotoCuenta y ha contado con la presencia de más de 500 personas, amén de los presidentes de las tres entidades convocantes: Santiago López(Plena Inclusión), José Fabián Cámara (DOWN ESPAÑA) y Luis Cayo Pérez Bueno (CERMI Estatal). Asimismo, Inclusión Europe, la organización que representa a nivel europeo a las personas con discapacidad y sus familias, ha mostrado su apoyo a la concentración celebrada en España.
El desencadenante de esta protesta cívica ha sido la no admisión a trámite por parte del Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Las organizaciones convocantes consideran que cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008.
Precisamente, durante la protesta, la madre de Mara; Mar Caamaño, y Antonio Hinojosa, una persona con discapacidad intelectual miembro de Plena Inclusión, han sido los encargados de dar lectura a un manifiesto en el que se denuncia la flagrante vulneración de los derechos de las personas con discapacidad al arrebatarles el derecho al voto. Al resto de la ciudadanía no se le realiza un examen para estudiar si alguien cuenta o no con unos supuestos conocimientos necesarios para votar, por lo que presuponer que una persona con discapacidad no puede ejercer un derecho fundamental en democracia cercena cualquier principio de igualdad.
Las personas asistentes han coreado lemas como “con mi voto no se juega” o “queremos votar” y portaron pancartas en las que podía leer “mi voto también cuenta”. Además, al acto han acudido personas procedentes de diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La La Mancha.
FRUSTRACIÓN Y DECEPCIÓN
Para el presidente del CERMI, “la experiencia del sector social de la discapacidad con el Tribunal Constitucional es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido ni conoce ni practica la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad”.
“Y en esta cuestión del derecho al voto, el TC mantiene un enfoque antediluviano en la consideración de las personas con discapacidad, como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación”, ha señalado Pérez Bueno.
A su juicio, el fallo del TC contra el recurso de amparo de la familia de Mara hace que “nuestros derechos por enésima vez se vean arrojados a la cuneta de la vida en comunidad. Solo cabe señalar como alentador el voto particular de la Magistrada Adela Asua, que reprocha implícitamente a la mayoría que dictó el auto la incomprensión y el error, jurídico, y para CERMI también ético, que cometen contra las personas con discapacidad”.
Ante este escenario, el máximo representante de la plataforma representativa de la discapacidad en España ha señalado que se hace más necesaria que nunca la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que la propia legislación garantice el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
El presidente de Plena inclusión, Santiago López Noguera, cree que cada uno debemos asumir nuestra parte de responsabilidad: el Gobierno, no demorar la reforma de la LOREG; la Junta Electoral, facilitar los procesos para ejercer el derecho al voto; los partidos políticos, facilitar el acceso de las personas con discapacidad a su organización; los jueces, no perder de vista el artículo 29 de la Convención de la ONU a la hora de interpretar la Ley. A las personas con discapacidad les toca tomar conciencia, con la ayuda de la accesibilidad cognitiva y el acceso a la información. Los familiares somos el siguiente escalón y debemos estar muy atentos en todo el proceso y no transigir con usos y costumbres instaurados. Para todo ello es imprescindible el apoyo y la información que recibimos de cada una de las 900 entidades que formamos Plena Inclusión”.
Por su parte, el presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, afirma que este proceso “está poniendo en evidencia, una vez más, que el poder judicial de nuestro país sigue manteniendo criterios claramente discriminatorios hacia las personas con discapacidad”.
“La decisión del Constitucional –señala Cámara- como antes la del Supremo, vulnera los principios de igualdad de la Constitución y de la Convención de la ONU. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la que es una de las violaciones más flagrantes que se están produciendo en nuestro país. Necesitamos alzar la voz para denunciar este hecho y reclamar que en nuestro país se respeten los derechos civiles de toda la población, con o sin discapacidad.”
“Además, necesitamos que se modifique cuanto antes la Ley Orgánica de Régimen Electoral General: obligar a los jueces a realizar un examen para constatar la capacidad de comprensión de las personas con discapacidad para poder votar supone segregar a nuestro colectivo y someterlo a un proceso denigrante, en cuanto no se le solicita el resto de la sociedad”, ha zanjado Cámara.