En el inicio del curso escolar, Plena inclusión se posiciona por el derecho a una educación inclusiva para todo el alumnado

  • En el inicio del nuevo curso escolar –y con los diferentes partidos inmersos aún en un Pacto de Estado por la Educación–, Plena inclusión lanza su posicionamiento por la Educación Inclusiva, en el que reclama “que nadie se quede atrás” con una serie de propuestas para lograr comunidades educativas verdaderamente inclusivas que apoyen a los 145.000 alumnos y alumnas con  discapacidad intelectual o del desarrollo.
  • Estas propuestas se basan en la innovación educativa, los ajustes razonables, los planes de apoyo específicos a cada alumno/a, la participación de familias y alumnado, la formación en inclusión del profesorado, o el apoyo a la transición a la vida laboral, como claves para garantizar el derecho de todos los alumnos a una educación inclusiva.

Para Plena inclusión, el nuevo modelo de Educación que sustituya a la LOMCE debe orientarse al bienestar de todo el alumnado y configurarse como un sistema integral de apoyos en toda la comunidad educativa, de forma que se establezca una estrecha colaboración de todos los  agentes educativos en igualdad de condiciones, reforzando especialmente el protagonismo de las familias en todas las cuestiones que afectan directamente a sus hijos. Este sistema debe orientarse mediante principios de justicia y solidaridad, de competencia y ética profesional, entendiendo que la inclusión compete a toda la sociedad y ha de servir a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.

Plena inclusión acaba de aprobar su “Posicionamiento por una Educación inclusiva que no deje a nadie atrás”. En el mismo afirma que un Pacto de Estado que quiera sentar las bases de un modelo de auténtica Educación inclusiva garantizando el derecho de todo el alumnado a disfrutar de la misma, debe contemplar:

  • La promoción de la participación voluntaria de centros educativos en procesos de pilotaje y sistemas de evaluación con el fin de realizar una transición hacia la educación inclusiva, contando con las organizaciones de la discapacidad (tanto para los centros de educación especial y ordinaria). Para ello debe asegurarse que los actuales recursos destinados a la educación especial se asignan a la ordinaria y que se evita la apertura de nuevos centros de educación especial.
  • La normativa debe Incorporar la cláusula de no rechazo, de forma que el sistema educativo no pueda denegar la admisión en colegios ordinarios. Además debe reconocer explícitamente los ajustes razonables como una medida de no discriminación en la escuela, e incorporar el derecho a apoyos centrados en cada alumno/a.
  • Deben promocionarse planes personalizados con apoyos específicos para cada alumno y alumna, con garantías de calidad y efectividad de los mismos.
  • Deben acometerse prácticas educativas inclusivas más allá de las aulas, en las que se garantice la accesibilidad universal y los apoyos tecnológicos para todo el alumnado.
  • Los currículos educativos deben estar basados en el reconocimiento y ejercicio de derechos y el desarrollo de competencias para la calidad de vida, el desarrollo personal y la participación social.
  • Debemos asegurar la participación efectiva de los alumnos, sus familias y organizaciones que les representan, especialmente en la determinación de objetivos y metas, y en las regulaciones que se realicen en el ámbito educativo.
  • Debemos crear sistemas de apoyo para la transición  a la vida laboral, generando certificados de profesionalidad adaptados a perfiles profesionales diversos, y adaptando los apoyos con nuevas metodologías, formas y contenidos.
  • Debemos garantizar la formación en inclusión para toda la comunidad educativa, y especialmente para los equipos docentes.

Durante este mes de septiembre, Plena inclusión incidirá en el ámbito de la educación inclusiva a través de una campaña con artículos y reportajes que profundizarán en estas propuestas.

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