Hoy celebramos que el Congreso
apruebe la reforma de la Ley General
de Derechos de las Personas con Discapacidad
y de Inclusión Social.
Esta reforma recoge un reconocimiento
de la accesibilidad cognitiva
y la creación de un centro estatal
de referencia sobre esta accesibilidad.
Todo esto es muy importante
porque servirá para asegurar
el derecho de todas las personas
a comprender la información pública.
Plena inclusión representa
a más de 950 organizaciones
de personas con discapacidad intelectual,
TEA y parálisis cerebral
en toda España.
Hace pocos meses,
nuestra organización hizo una campaña
llamada #HitosYRetos.
En ella daba como conseguido este reto.
Esta organización celebra la aprobación de esta ley
y el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva.
Porque la accesibilidad cognitiva es un derecho
que asegura el acceso a muchos otros
como la educación, la salud o la participación social.
Esto va a beneficiar a cientos de miles
de personas con discapacidad intelectual,
TEA y parálisis cerebral,
y a muchas otras
que tienen dificultades de comprensión.
Pero Plena inclusión advierte
que el Gobierno y las comunidades autónomas
también deben comprometerse
a financiar los recursos suficientes
para que esta reforma se aplique
y beneficie a toda la ciudadanía.
“Hoy nadie discute la necesidad de poner rampas, el uso de Braille, o de la Lengua de Signos. Sin embargo, se ha tardado años en reconocer la accesibilidad cognitiva como un derecho”
Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España y miembro de su Plataforma Estatal de Representantes.
Plena inclusión demanda al Gobierno que garantice el derecho a la accesibilidad cognitiva aportando los recursos necesarios
Hoy está previsto que el Congreso de los Diputados ratifique por fin la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Esta modificación, que se produce tras un trámite parlamentario de casi dos años, presenta como novedad principal la regulación legal de la accesibilidad cognitiva en el Estado español.
Plena inclusión España, confederación que agrupa a 950 asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, parálisis cerebral y Síndrome de Down), celebra que se haya alcanzado unanimidad al entender la accesibilidad cognitiva como un derecho ciudadano básico que se convierte en puerta de acceso a otros derechos como los de: educación, sanidad o participación social, para cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. No obstante, la confederación remarca que este paso adelante debe ir acompañado de un compromiso, por parte del Gobierno central y las comunidades autónomas, en línea con dotar con recursos suficientes las medidas que se recogen en la nueva norma.
UNA LEY MUY ESPERADA
“Hoy nadie discute la necesidad de poner rampas, el uso de Braille, o de la Lengua de Signos. Sin embargo, se ha tardado años en reconocer la accesibilidad cognitiva como un derecho”, destaca Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España y una de las líderes de la Plataforma Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad intelectual y del desarrollo.
Para Santiago López, presidente de Plena inclusión España, “los poderes públicos deben comprender la trascendencia de unas medidas que facilitarán, a más 300.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que residen en nuestro país, una mejor comprensión de la realidad y un mayor acceso a los derechos que asisten al resto de la ciudadanía”.
No hay que olvidar que, al garantizar el derecho a la accesibilidad cognitiva, se ayuda a entender mejor la realidad a otras 500.000 personas con problemas de salud mental, o a buena parte de los casi nueve millones de personas mayores que residen en España. La Organización Mundial de la Salud cuantifica en 1 de cada 3 personas en el mundo a quienes podrían beneficiarse de esta accesibilidad. El artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los países firmantes a avanzar en la accesibilidad como un derecho que hace posible que las personas con discapacidad y otros colectivos puedan participar y disfrutar del entorno social, cultural, laboral y económico de su comunidad.