Plena inclusión colabora con el Ministerio de Justicia
para que los derechos de las personas con discapacidad intelectual
se tengan en cuenta en una nueva ley.
La Ley se llama de Enjuiciamiento Criminal
y es la ley que regula los juicios.
Plena inclusión ha pedido que en los juicios
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
tengan los apoyos necesarios.
La confederación que representa a 935 asociaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias se ha reunido, junto al CERMI, con el Ministerio de Justicia para compartir sus aportaciones
Esta semana, Plena inclusión España y el CERMI se han reunido con representantes del Ministerio de Justicia para compartir las aportaciones que desde el sector de las organizaciones de la discapacidad se hacen al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Desde Plena inclusión se valora especialmente la sensibilidad demostrada por Justicia al dedicar, en el texto de la futura norma, un capítulo específico a la persona encausada con discapacidad, en el que se reconoce la necesidad de adaptar los procedimientos y establecer medidas específicas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Esta era una de las reivindicaciones históricas de Plena inclusión, que se materializó en la presentación, ante el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, de una comunicación individual por vulneraciones al derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo procesadas.
“Reconocemos el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Justicia para atender nuestras demandas y agradecemos la buena disposición de sus representantes a escuchar nuestras propuestas”, asegura Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España y autora de las aportaciones.
Estas son algunas de las propuestas de Plena inclusión al texto del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal:
- Adaptar la definición de discapacidad al enfoque de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
- Incorporar la obligación de garantizar la accesibilidad en todas las actuaciones del procedimiento judicial.
- Incluir el concepto de necesidades de apoyo y reconocimiento del derecho a los ajustes de procedimiento como parte del derecho a un juicio justo.
- Apoyar la toma de decisiones y lograr el pleno desenvolvimiento jurídico de la persona en condiciones de igualdad, asegurando que las personas que presten apoyo actúen atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera.
- Habilitar equipos multidisciplinares de facilitadores para la determinación de necesidades de apoyo y provisión de ajustes de procedimiento y colaboración con el resto de operadores jurídicos.
- Asumir la necesidad de revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la regulación de la figura del psicólogo forense.
- Asegurar que los y las profesionales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) tengan formación específica en materia de discapacidad y psicología del testimonio.