– La falta de acuerdo pone en peligro los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la sostenibilidad de las entidades que les prestan apoyo.
– Los sobrecostes de una desescalada segura y la reconfiguración de los servicios para garantizar buenos apoyos en la nueva normalidad deben contar con líneas de financiación garantizadas.
Plena inclusión España y AEDIS, como organizaciones que representan a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias y a la mayor red en España de entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de atención al colectivo, muestran su decepción ante el rechazo del Congreso de los Diputados a las medidas de política social pactadas en el seno de la Comisión para la Reconstrucción del país tras el Covid-19.
Ambas organizaciones consideran un fracaso colectivo que no se haya logrado un consenso político y un acuerdo de mínimos para dar prioridad a los temas sociales. “En estos momentos, el sector social necesita más que nunca el compromiso político para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, ya que las personas con discapacidad y sus familias son uno de los colectivos que más están sufriendo”, afirma el presidente de Plena inclusión, Santiago López Noguera.
En concreto, que no se aprueben estas medidas de apoyo y refuerzo supone un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad y pone en peligro la sostenibilidad de las entidades que prestan servicios de atención al colectivo, que han tenido que hacer un gran esfuerzo económico y de personal para hacer frente a la pandemia y, ahora, para adaptar los centros y servicios a la nueva situación.
Ante esta realidad, ambas organizaciones exigen al Gobierno que busque una fórmula para reforzar la financiación y garantizar la viabilidad de las entidades y las empresas, de manera que puedan hacer frente al sobrecoste realizado hasta el momento en material sanitario, refuerzo de plantillas, reconfiguración de servicios y otros conceptos, además de generar marcos de seguridad jurídica para operar en estas circunstancias extraordinarias. Porque, como manifiesta Bernabé Blanco, presidente de AEDIS: «esta ausencia de consenso supone una falta de reconocimiento y visión de Estado del importante papel que juega el sector social, y que se ha demostrado en esta Pandemia».