- En un documento presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisionada europea en este ámbito, Dunja Mijatovic, ha advertido que España no puede privar del derecho al voto a las personas con discapacidad intelectual. Estas observaciones llegan después de que la española María del Mar Caamaño llevase su caso al citado Tribunal Europeo tras haberle sido retirado este derecho a us hija Mara.
- Plena inclusión –que en febrero de 2017 se manifestó junto a CERMI y Down España ante el Tribunal Consitucional en apoyo de Caamaño y su hija, espera que el Gobierno español acabe de una vez por todas con estas situaciones de discriminación, ejecutando la Reforma de la LOREG aprobada por unanimidad en sede parlamentaria.
«Nadie debería ser privado de su derecho al voto debido a sus discapacidades. Las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales no son una excepción». Esta es la conclusión del informe de observaciones que Dunja Mijatovic, Comisionada de Derechos Humanos, ha presentado al Tribunal europeo de Derechos Humanos, en relación con el caso de María del Mar Caamaño, una española que lleva varios años luchando para que su hija Mara pueda ejercer su derecho al voto, y que finalmente ha acabado dilucidándose en las Instituciones Europeas. Ahora este caso ha servido a la Comisionada para poner a España como ejemplo de la discriminación que ocurre en la mayoría de los Estados miembros del Parlamento Europeo.
Como organización representante de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España, Plena inclusión espera que, tal y como nuestro Presidente Santiago López Noguera solicitó en su comparecencia ante la Subcomisión para la reforma electoral el pasado mes de febrero–, se mantenga íntegramente la Proposición de Ley para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad actualmente en tramitación parlamentaria (iniciativa 125/000016) con el fin de garantizar de una vez por todas este derecho básico a 100.000 ciudadanos y ciudadanas españolas que actualmente están privados del mismo.
Estas nuevas observaciones se basan en la propia Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las personas con Discapacidad, así como en el trabajo de la Oficina del Comisionado sobre el derecho de voto de estas personas y en una visión general del Consejo de Europa. En ellas, y en línea con lo que organizaciones como Plena inclusión llevan años advirtiendo en toda Europa, Mijatovic afirma que una privación del derecho al voto de estas personas basada únicamente a su discapacidad, es contraria a estas normas y supone una discriminación, aún cuando haya habido por parte de un juez una evaluación sobre su capacidad cognitiva o su estado mental, ya que en nuestras democracias modernas nadie debería tener que “justificar por qué vota por un partido o candidato en particular” y esta privación del voto “no protege ni a la persona ni a la sociedad”.
Junto a todo ello, y también en línea con las reivindicaciones de Plena inclusión en su campaña #MiVotoCuenta y en su “Manifiesto por el Derecho al Voto de las Personas con Discapacidad intelectual”
la Comisionada alude a una serie de obligaciones que los estados deben cumplir para garantizar que la personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ejercer de manera efectiva este derecho en igualdad de condiciones que el resto: medidas generales de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando sea necesario, asistencia y apoyo, para que la persona entienda el proceso para elegir y votar.