Desde 2011, las administraciones públicas están obligadas por ley a reservar un 2% de sus nuevos puestos de trabajo para estas personas. 1.071 personas con discapacidad intelectual han logrado una plaza en la Administración General del Estado.
Plena inclusión desarrolla una app que facilita a las personas con discapacidad intelectual información sobre nuevas ofertas de empleo público
