El derecho a la accesibilidad cognitiva
es uno de los más importantes que
deben asegurarse para 300.000
personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo que viven en España.

Mañana miércoles, el Congreso de
los Diputados va a tratar la reforma
de la Ley General de Discapacidad
con el fin de regular la accesibilidad cognitiva.

Lo pide Naciones Unidas

Plena inclusión reivindica desde hace años
un derecho fundamental que está recogido
en el artículo 9 de la Convención de
Naciones Unidas sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad.

España firmó en 2008 este tratatado
internacional y debe cumplirlo.

Cientos de miles de personas

Son muchos cientos de miles de personas
las que se beneficiarían de este derecho.
Además es muy importante que se entienda
que si se garantiza el derecho a
la accesibilidad cognitiva
las personas con discapacidad intelectual
pueden optar a otros derechos como son:
educación inclusiva, empleo, ocio, información
y otros muchos.

Plena inclusión saluda que el Congreso profundice en el derecho a la accesibilidad cognitiva mediante la reforma de la Ley General de Discapacidad

  • Cientos de miles de personas se beneficiarían en España de la regulación normativa de un derecho que facilita el acceso a otros muchos derechos

Madrid, 30 de noviembre de 2021.- La accesibilidad cognitiva es un derecho fundamental y así lo debe recoger la legislación española. Esta reivindicación ha sido defendida desde hace años por el movimiento asociativo de Plena inclusión, una confederación que agrupa a 940 entidades que luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral y otro) y sus familias, así como por el CERMI que es la plataforma estatal de organizaciones de la discapacidad.

Por ese motivo, “desde Plena inclusión saludamos la iniciativa del poder legislativo en la dirección de reformar por fin la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad”, afirma Santiago López, presidente de la confederación que apoya a decenas de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo desde 4.000 centros y servicios distribuidos por todo el país.

Esta reacción se produce en la víspera de la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad sobre la Proposición de Ley de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad para establecer y regular la accesibilidad cognitiva. Dicha Comisión se reúne mañana miércoles, a partir de las 16.00, en el Congreso de los Diputados. De este modo se cubren etapas que desembocarán en el envío directo al Senado, por parte de esta Comisión, sin que se tenga que devolverse para su ratificación en el Congreso.

La accesibilidad cognitiva no solo beneficia a casi 300.000 personas con discapacidad intelectual en nuestro país. Además, ayuda a entender mejor a otras 500.000 personas con problemas de salud mental, o a buena parte de los casi nueve millones de personas mayores. La Organización Mundial de la Salud cuantifica en 1 de cada 3 personas en el mundo a quienes podrían beneficiarse de esta accesibilidad.

Además, el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los países firmantes a avanzar en la accesibilidad como un derecho que hace posible que las personas con discapacidad y otros colectivos puedan participar

y disfrutar del entorno social, cultural, laboral y económico de su comunidad. De ahí que se suela decir que es un derecho llave.

Plena inclusión reivindica el uso de la accesibilidad cognitiva como un derecho universal que permite el acceso y disfrute de muchos otros, como el de la educación, la salud, el empleo, la cultura o el ocio, que a su vez son básicos para el desarrollo vital de cualquier persona en nuestra sociedad. Esto solo puede hacerse reconociendo específicamente la accesibilidad cognitiva por Ley, lo que permitiría que se conozca, que se explique cómo cumplirla, que se pueda evaluar su grado de desarrollo, que se pueda exigir su cumplimiento en determinadas condiciones, que se aseguren los recursos necesarios para su implantación y disponer de formas de denunciar su falta de cumplimiento.