En estos días ha saltado la polémica
sobre la celebración de espectáculos
taurinos en los que el público
se ríe de personas con enanismo.

A estas corridas de toros se las llama
las de los bomberos toreros.

Plena inclusión apoya al Ministerio
de Derechos Sociales que,
a través del Real Patronato sobre
Discapacidad, ha denunciado
estos eventos en los que se humilla
a personas con discapacidad.

También ha pedido al Gobierno
y a los empresarios
que tomen medidas
para crear empleos de calidad
para las personas con discapacidad.

Plena inclusión rechaza que se denigre a personas con discapacidad en espectáculos públicos donde se les humilla

  • La confederación suscribe la campaña del Real Patronato de la Discapacidad que denuncia los espectáculos taurinos conocido como ‘bomberos toreros’
  • Del mismo modo, anima a las administraciones públicas y al empresariado a que desarrollen políticas dirigidas a generar empleos de calidad para las personas con discapacidad, en el marco de lo señalado en la Agenda 2030 sobre empleo decente

La confederación que agrupa a 940 asociaciones, que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, ha manifestado un rechazo rotundo a aquellos espectáculos o actitudes que denigren a las personas con discapacidad.

De este modo, Plena inclusión muestra su apoyo al Real Patronato sobre Discapacidad en sus acciones de denuncia pública de las corridas de toros de ‘bomberos toreros’, en las que se muestran a personas con displasias óseas, humillando a todas las personas con enanismo, ya que estos espectáculos se basan en hacer humor riéndose de estas personas y permiten la asistencia de menores que aprenden actitudes vejatorias hacia la discapacidad.

Por otro lado, tal y como se recuerda desde el Real Patronato sobre Discapacidad, los citados eventos taurinos vulneran la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que el Estado español ratificó en 2008.

Desde Plena inclusión, además, se anima a las administraciones públicas y al empresariado español a que desarrollen iniciativas y políticas públicas dirigidas a generar empleos de calidad para las personas con discapacidad, en el marco de lo que señala la Agenda 2030 sobre el empleo decente.