El BOE publicaba ayer la orden
por la que se modifica el
Código Civil y la ley procesal.

De este modo desaparece del
ordenamiento jurídico español
figuras como la incapacitación
jurídica y la patria potestad
prorrogada, para las personas
con discapacidad.

Esta modificación de la legislación
es un gran avance que llega
por la insistencia del movimiento
de la discapacidad en defender
medidas que tengan más en cuenta
el derecho de las personas con discapacidad
a tomar sus propias elecciones
contando con los apoyos necesarios.

Plena inclusión y AEFT
han sido junto al CERMI
protagonistas de esta
reforma histórica.

La mayor reforma legal sobre discapacidad en España será de aplicación a partir del 3 de septiembre

  • Este jueves 3 de junio el BOE publica la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que será de aplicación a partir del próximo 3 de septiembre
  • Durante el mes de junio, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) junto con Plena inclusión organizan un ciclo de seminarios para dar respuesta a las principales preguntas sobre esta reforma

Madrid, 4 de junio de 2021.- Este jueves 3 de junio, la mayor reforma legislativa sobre discapacidad ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras haber sido ratificada tanto por el Senado (el pasado 12 de mayo) como por el Congreso días después (20 de mayo). Su publicación en el BOE supone su puesta en marcha y derogación de leyes anteriores a partir del 3 de septiembre, 3 meses después de su publicación. Cabe destacar, que la nueva legislación prevé un período de 3 años para la adaptación y revisión de las sentencias de modificación de la capacidad jurídica ya dictadas.

Esta reforma elimina un modelo de sustitución de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para adoptar un modelo de apoyo en la toma de decisiones, basado en el respeto de la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, y trae consigo un cambio de paradigma en todos los niveles, tanto para las propias personas con discapacidad, que serán protagonistas de sus tomas de decisiones, como para los agentes jurídicos y sociales que intervienen en esta prestación o garantía de apoyos.

En este sentido, Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación indicó ayer, en el seminario organizado por Fundación ONCE sobre esta reforma legal, que «habrá entidades y personas que no tendrán que realizar grandes cambios en la forma en la que prestan los apoyos, sí adaptarse a los nuevos procedimientos, ahora de jurisdicción voluntaria y otros, pero no cambiar la forma en la que apoyan a las personas con discapacidad intelectual, como es el ejemplo de las Fundaciones Tutelares que forman parte de la AEFT, que ya desde hace muchos años están trabajando en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apoyando en la toma de decisiones de una manera cercana y personal».

Para Enrique Galván, director de Plena inclusión España, “ahora llega el momento de dar a conocer los términos prácticos de esta reforma histórica. Desde el movimiento asociativo que defiende los derechos de cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y de sus familias nos vamos a implicar en explicar cómo van a afectar los cambios legislativos a las vidas de las personas”.

Así, AEFT y Plena inclusión organizan un ciclo de 3 seminarios que dará respuesta a las preguntas de operadores jurídicos (8 de junio), personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y familiares (17 de junio) y profesionales y dirigentes de entidades (29 de junio).