Plena inclusión España ha firmado con el Consejo General del Poder Judicial un acuerdo de gran importancia para las personas con discapacidad intelectual y sus familias. El convenio, que han ratificado sus presidentes Carlos Lesmes, y Santiago López Noguera, facilitará un mejor acceso a la justicia a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todas las fases del proceso.
Gracias a este acuerdo se da un mejor cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y de carácter vinculante para España. También, a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que compromete a la Administración de Justicia en el desarrollo de las medidas que resulten necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la prohibición de la discriminación y el acceso universal a la misma. Esta ley recoge el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en el disfrute de sus derechos y establece la obligación de las administraciones públicas de proteger, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva.
Desde el movimiento asociativo de Plena inclusión, que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias para las que trabajan 935 entidades de toda España, se lucha a diario por defender sus derechos y su dignidad. En este objetivo coincide con el Consejo General del Poder Judicial que desde hace años muestra un particular compromiso con el cumplimiento de las normas en esta materia. El convenio hace hincapié en mejorar las condiciones de accesibilidad, así como en la puesta en marcha de diversos ajustes de procedimiento, entre los cuales está la figura de la persona facilitadora, que hagan más sensillo el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales y en todas sus fases.
Con la firma del acuerdo, el CGPJ y la Confederación Plena Inclusión España se comprometen a elaborar guías, protocolos de actuación y cualquier otro tipo de material y herramientas dirigidos que ayuden a que los jueces y magistrados puedan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo.
El convenio busca dar soporte a las personas con discapacidad cuando estas se acerquen a los juzgados y tribunales. Así, contempla la posibilidad de “dar apoyo a jueces y magistrados, cuando éstos lo requieran, para la práctica de diligencias o pruebas que afecten a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; a promover acciones que faciliten la comprensión de los actos de trámite, diligencias y resoluciones que afecten a los derechos de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo; a colaborar en la formación de los jueces y magistrados y a establecer canales de colaboración en Vigilancia Penitenciaria con el fin de buscar alternativas a la privación de libertad para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.