Los problemas de salud mental quedan muchas veces invisibilizados en el caso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. A menudo se produce el efecto ‘eclipse’: se oculta esta realidad tras la presencia de la discapacidad intelectual. En las entidades de Plena inclusión se viene viviendo como la no atención de estos casos es, de hecho, una discriminación denunciable.
Ante esta situación y aprovechando que mañana sábado,10 de octubre, se celebra el Día internacional de la Salud Mental, Plena inclusión lanza una campaña con el lema: ‘Salud Mental para cada persona’, con el que se quiere poner de manifiesto la enorme diversidad que se manifiesta en torno a los problemas de salud mental y que muchas veces no se tiene en cuenta.
Esta acción, que cuenta con el apoyo varias federaciones del movimiento asociativo, se está difundiendo a través de redes sociales desde el día 6 de octubre.
Reproducimos a continuación, el manifiesto que Plena inclusión ha preparado para reivindicar en el Día Internacional de la Salud Mental, un tratamiento específico y con apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con problemas de salud mental.
Salud Mental para cada persona
(Manifiesto de Plena inclusión por el derecho de cada persona a su bienestar emocional y salud mental: una prioridad global)
UNA SITUACIÓN INVISIBLE
Durante años la posibilidad de que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tuvieran problemas de salud mental ha sido socialmente menospreciada.
La coexistencia de ambas situaciones (discapacidad intelectual o del desarrollo y problemas de salud mental), generalmente no era reconocida, casi siempre infradiagnosticada y consecuentemente, no tratada o tratada de forma inadecuada.
Frente a esta realidad, estudios internacionales y datos estatales (Novell, Rueda y Carulla 2003. Novell, Nadal, Smilges, Pascual y Pujol, 2008) estiman entre un 30% y un 60% la prevalencia de enfermedad mental en la población con discapacidad intelectual o del desarrollo. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo padecen los mismos tipos de enfermedades mentales que las personas sin discapacidad, pero en ocasiones estos se manifiestan de forma diferente.
Para una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, un problema de salud mental adicional suele implicar situaciones de doble discriminación limitando aún más sus oportunidades de elegir cómo quiere vivir su vida y sentirse parte de su comunidad. Esto afecta también a su familia al tiempo que genera un importante impacto en su calidad de vida.
La institucionalización, la sobremedicación o el uso de restricciones, son formas de actuar que suelen implicar control y no tratamiento, ya que están dirigidas a suprimir la frecuencia y gravedad de la conducta. Sin embargo, en muchas ocasiones son la respuesta única y definitiva que se ofrece a la persona.
MÁS DIFÍCIL TODAVÍA
El nuevo escenario planteado por la pandemia viene a complicar la difícil situación que estas personas y sus familias viven. Para afrontar esta nueva normalidad precisan de apoyos que no están recibiendo. Si para todas las personas esta situación es compleja, para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con problemas de salud mental y sus familias supone retos en ocasiones insuperables.
Las restricciones aplicadas a la población, sin tener en cuenta las particularidades de las personas con discapacidad, generan situaciones de una complejidad extrema, y además afectan a la convivencia familiar, y también a la residencial.
Las respuestas a la COVID-19 requieren del diseño de caminos adaptados y personalizados que contemplen la diversidad de la población, para así alcanzar los mismos resultados sin dejar a nadie atrás. Es imprescindible que se tengan en cuenta las necesidades de apoyo de cada persona y la complejidad de la convivencia de restricciones y los problemas de conducta y/o salud mental.
UNA CUESTIÓN DE DERECHOS Y VIDA DIGNA
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que todas las personas tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Esto significa que la personas con discapacidad intelectual tienen derecho a disfrutar de un estado de bienestar no solo físico y social, si no también emocional que le permita desarrollar su proyecto de vida.
Por ello, es necesario visibilizar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con problemas de salud mental y a sus familias, de forma que se reconozca su derecho a una atención de calidad y accesible, al igual que al resto de las personas.
Esto requiere de la personalización y humanización de la atención y los apoyos, a través de la capacitación y puesta en marcha de metodologías basadas en el conocimiento y la validez científica. Los servicios sanitarios y específicos de salud mental deben proporcionar las medidas necesarias para la pronta detección e intervención de trastornos de salud mental con enfoques preventivos y de promoción de la salud, haciendo especial énfasis en la etapa infanto-juvenil en personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
En base este derecho es necesario que los profesionales presten atención a las personas teniendo en cuenta sus fortalezas y su posibilidad de contribución, apoyando procesos de empoderamiento y recuperación que les permitan tomar el control de sus vidas y llenarlas de significado.
Por todo esto, desde el movimiento asociativo de Plena inclusión, reivindicamos:
- Que la atención sanitaria y social a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y trastornos de salud mental, y a sus cuidadores principales, sea considerada prioritaria y urgente.
- Que se dé una respuesta prioritaria, de calidad y ágil a las situaciones de emergencia social que se están dando en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con problemas de conducta y/o salud mental y sus familias en la Pandemia.
- Que se aumente la inversión en recursos para la salud mental de las personas.
- Que se fomente el acceso a la información y la participación de las personas y sus familias en la toma de decisiones relativas a su salud mental, a través de estrategias como la lectura fácil o la accesibilidad cognitiva en los entornos o las competencias de los sanitarios en comunicación fácil.
- Que se establezcan planes de formación y capacitación especializada en discapacidad intelectual o del desarrollo en todas las ramas profesionales vinculadas con la salud mental.
- Que se establezcan protocolos para reducir cualquier practica en los entornos sociosanitarios que suponga una vulneración de los derechos de las personas, incluyendo planes de reducción de restricciones.
- Garantizar que en situaciones de emergencia sanitaria como la ocasionada por la pandemia COVID-19 se respete su derecho a la atención médica especializada sin discriminación, garantizando y reforzándose los apoyos y acompañamientos en situaciones de especial vulnerabilidad.
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