• Los buenos datos macroeconómicos –y el anuncio de que repercutirían en la vida cotidiana de la ciudadanía– han generado una expectativa de recuperación social que ahora se verá frustrada si, tal y como ha adelantado el Gobierno, se prorroga la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
  • Plena inclusión Ceuta observa con profunda preocupación la posible congelación del gasto derivada de la inestabilidad política porque prorrogaría la situación de exclusión y precariedad de gran parte de la sociedad, especialmente del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

Atención a la infancia y la familia. En particular, resulta preocupante la atención a la infancia con discapacidad: según estimaciones de un informe reciente del CERMI la cobertura de la atención temprana está en un 15% de las necesidades de apoyo reales, cuando esta atención debería ser universal y de calidad, mejorando la detección precoz y la coordinación socio-sanitaria. Junto a ello, debería abordarse una política real de apoyo a las familias con mejoras fiscales, permisos retribuidos, asistentes personales en el hogar y el aumento de las medidas de conciliación laboral y familiar.

Plena inclusión ha valorado en más de 47.000 euros anuales el esfuerzo económico extra que debe asumir cada familia cuando uno de sus miembros tiene una discapacidad con grandes necesidades de apoyo. En un reciente estudio sobre estas personas (realizado por INICO-Universidad de Salamanca y Plena inclusión con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad), un 54,7% de los cuidadores familiares afirman que su salud se ha visto deteriorada.

Educación inclusiva. Asimismo resulta absolutamente necesario abordar el cambio hacia una educación verdaderamente inclusiva, que quedaría en vía muerta si se aplaza la aprobación de los presupuestos.

En la actualidad, un 2,6% del alumnado en España presenta necesidades educativas especiales. De este porcentaje, 35.190 son niños y niñas con discapacidad. (Datos del Ministerio de Educación, estadísticas de la educación curso 2015-2016). Los datos del propio Ministerio revelan que el 77,2% del alumnado con discapacidad intelectual y el 78,2% del alumnado con trastornos generalizados del desarrollo se encuentran integrados en centros educativos ordinarios. No obstante, estos niños y niñas no disponen de los apoyos y recursos necesarios para asegurar una educación inclusiva en igualdad de condiciones con el resto.

Esta realidad provoca que el alumnado no progrese académicamente, fracase y tenga que optar cada vez más por centros de educación especial: desde el 2011 al 2016 el alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo en educación segregada ha aumentado de 20.662 a 23.113 estudiantes (es decir, en 2.451). Esta cantidad se incrementa año a año debido a la disminución de las ratios, la reducción de apoyos, la falta de inversión en formación del profesorado en educación inclusiva, etc.

Personas en situación de dependencia. Una prórroga en los Presupuestos Generales del Estado supondría también que las conclusiones de la Comisión para el análisis de la situación actual del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia publicadas el pasado 5 de septiembre quedarían en papel mojado. El informe consensuado en el que se analiza la situación actual del Sistema de Dependencia establece que es necesario proceder a la reconsideración del sistema de financiación actual (o en su caso a la adopción de uno nuevo).

Junto a ello, se debe garantizar la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas. Esto supone aumentar los niveles de cobertura y los servicios para la vida independiente; y ampliar la figura del asistente personal para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como herramienta clave en su derecho a la inclusión social.

Asimismo, resulta necesario asegurar que las personas que se encuentran en las situaciones más graves reciben los servicios a los que tienen derecho (en el primer semestre de 2017, las listas de espera aumentaron de 120.200 a 120.900 personas).

Empleo. El colectivo de personas con discapacidad intelectual presenta una de las tasas de paro más elevadas (44,7%, en comparación con el 21,9 % de la población general), y una tasa de inactividad que supera el 70% (frente a un 22% del resto). Plena inclusión Ceuta exige de forma urgente medidas de discriminación positiva que incluyan un aumento de la subvención salarial en los Centros Especiales de Empleo por encima del 50% del SMI. También que se aumente la financiación del empleo con apoyo y se compatibilice el empleo con pensiones o ingresos de renta mínima que rescaten a las personas de la pobreza.

En definitiva, existe una larga lista de mejoras que deben redundar en el bienestar general, la activación de la población, la prevención y promoción de la autonomía y la contribución social, con el fin de dignificar el papel activo de estas personas como ciudadanas de pleno derecho. Todo ello evitaría mayores cargas sociales futuras, y el crecimiento de la población dependiente a corto, medio y largo plazo. Algo que esta prórroga de presupuestos pone de nuevo en peligro.