Plena inclusión España demanda al nuevo Gobierno la incorporación explícita de la accesibilidad cognitiva en la legislación. En acuerdo con el Comité Estatal de representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), propone en concreto modificar la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social.

Según la subcomisión del CERMI, la accesibilidad cognitiva es “la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos que permiten la fácil comprensión y la comunicación”.

Este tipo de accesibilidad beneficia a todas las personas, pero especialmente a personas con dificultades de comprensión como las personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral o autismo. Lo hace a través de la generación de documentos más fáciles de entender, mejorar la orientación en edificios o facilitar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación para las personas con grandes necesidades de apoyo.

La demanda de Plena inclusión trata de retomar una iniciativa que se presentó en 2018 a diputados y senadores, con el acuerdo de muchas formaciones políticas, y que quedó paralizada con el proceso electoral.

Ayer 27 de enero de 2020, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a iniciativa del senador Tomás Marcos, presentó ante el Senado la proposición de ley de modificación de la mencionada ley.

La propuesta radica principalmente en explicitar en el texto de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad, y por tanto debe ser desarrollada adecuadamente.

La iniciativa apunta plazos básicos de exigibilidad con fechas límite entre 2022 y 2024. También incorpora el desarrollo de un reglamento de condiciones básica de accesibilidad cognitiva, la realización de estudios integrales sobre accesibilidad cognitiva, la elaboración de un Plan Nacional de Accesibilidad Cognitiva y la creación de un Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva.

Precisamente, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su último informe a España en abril de 2019, mostró su preocupación por “la falta de avances en la aplicación de medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, y en particular personas con discapacidad intelectual y personas con autismo”.