Todo comenzó en León. En diciembre de 1987, representantes de Plena inclusión (que entonces se llamaba FEAPS) y del Real Patronato sobre Discapacidad fueron invitados por la entidad leonesa ASPRONA a visitar el Centro Penitenciario Asistencial. Así es cómo conocieron la situación de las personas con discapacidad intelectual que se encontraban internas allí.

La visita les ayudó a entender que el tratamiento era inadecuado. A partir de entonces, Plena inclusión y el Real Patronato empezaron a colaborar en esta causa. Así surgió la necesidad de desarrollar un programa que atendiera a esta población y, desde 1995, hace 24 años, recibe formación de forma estable gracias a quienes marcan la casilla de Fines Sociales en su declaración de la renta, también conocida como la X Solidaria.

A quién y cómo
El programa de personas reclusas atiende a cuatro perfiles muy concretos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: las que se encuentran en situación de riesgo de cometer algún delito, las presuntas autoras de hechos delictivos que se encuentran en el proceso penal, personas que cumplen una pena o una medida de seguridad y, por último, personas que ya han cumplido una pena o medida de seguridad y están en proceso de reinserción social.

Para cada perfil, se desarrollan apoyos personalizados y trabajo con el entorno. Por ejemplo: orientación, asesoramiento y sensibilización.

Por ejemplo, en el caso de personas presuntas autoras de hechos delictivos que se encuentran en el proceso penal, se elaboran informes que describen la discapacidad, sus necesidades de apoyo y el entorno de la persona para que su abogada o abogado conozca la situación y pueda defenderle de forma adecuada.

También se apoya a la persona y a sus familiares para que comprendan cada paso del procedimiento penal y las consecuencias de sus decisiones.

Con el entorno, se identifican y promueven entre las entidades de Plena inclusión recursos donde se puedan cumplir medidas de seguridad, se colabora con servicios sociales y sanitarios para la disposición de recursos donde se puedan cumplir medidas de seguridad y se forma y sensibiliza a policías, abogados, fiscales, médicos forenses, jueces, etc… para que conozcan qué es la discapacidad intelectual o del desarrollo y los apoyos que les deben prestar.

Los datos

En el año 2018, 1.554 personas con discapacidad fueron atendidas en el Programa, de las cuales un 10% son mujeres.

De ellas, un 23% son personas en situación de riesgo delictivo, un 10% personas que se encuentran en un proceso judicial, el 58% son personas con pena o medida de seguridad internos en centros penitenciarios y el 17% personas en libertad definitiva.

gráfico de personas reclusas con los datos que se dan en la noticia

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Este programa se coordina a través de un equipo de 17 personas responsables del despliegue en 13 comunidades autónomas y Ceuta.

Además, el equipo cuenta con más profesionales de apoyo que trabajan directamente en el programa, así como con la colaboración de la red de juristas de Plena inclusión y de 45 personas voluntarias.

La coordinación del programa se realiza a nivel estatal desde Plena inclusión España. En la actualidad, Plena inclusión trabaja en el 77% de los centros penitenciarios, en todas las comunidades autónomas (excepto Melilla, Navarra, País Vasco y Baleares) y en el 50% de los Centros de Inserción Social (CIS), que son los destinados a internos o internas que cumplen su pena en régimen abierto o que se encuentran en un proceso avanzado de reinserción.

En el año 2020, la novedad del programa es que tendrá un foco especial en el trabajo con mujeres reclusas. Se desarrollarán acciones proactivas y específicas para ellas.