La Oficina del Defensor del Pueblo ha respondido positivamente a la reclamación planteada por Plena inclusión España en la que se denunciaba una directriz discriminatoria de la Junta Electoral Central (JEC) enviada en marzo pasado.

En esta instrucción que se envió antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril, la JEC habilitaba a interventores y apoderados de los partidos a solicitar el DNI de personas en los que sospecharan que no votaban de forma consciente, libre y voluntaria y a reflejarlo en acta. La comunicación del Defensor del Pueblo recomienda “que se revisen las instrucciones dictadas respecto a la aplicación de la LOREG (Ley Electoral) al objeto de evitar una interpretación discriminatoria de la misma respecto a las personas con discapacidad”. En concreto, recomienda eliminar “la facultad de apreciación subjetiva de los miembros de mesa, interventores y apoderados de valorar el voto de esas personas”.

Asimismo, la carta del Defensor del Pueblo “valora los antecedentes de la queja y el informe remitido por Plena inclusión”, recomendando “que se evite una alusión injustificada y directa en el título (de la instrucción) que suponga una discriminación indirecta”. Esta era, precisamente, la principal demanda de Plena inclusión cuando, el pasado 19 de marzo, la JEC rectificó el primer texto de la instrucción, pero mantuvo la posibilidad de discriminación subjetiva.

El presidente de Plena inclusión España, Santiago López, agradece la sensibilidad mostrada por la institución del Defensor del Pueblo al respaldar “nuestro propósito de corregir una injusticia flagrante contra las personas con discapacidad intelectual”, un colectivo que en España superan las 250.000 personas.

BUENA DISPOSICIÓN

Por otro lado, desde Plena inclusión se quiere agradecer la buena disposición mostrada por Antonio J. Fonseca-Herrero, presidente de la Junta Electoral Central, que se reunió el pasado lunes con una delegación del movimiento asociativo para escuchar sus propuestas que buscan mejorar la accesibilidad cognitiva al proceso electoral.

En el encuentro, los representantes de Plena inclusión plantearon propuestas para hacer más comprensible, a las decenas de miles de personas con discapacidad que votan, el ejercicio de este derecho fundamental. Plena inclusión aportó una batería de manuales y recursos de apoyo en lectura fácil, además de proponer un sistema de señales y de cartelería común, fácil de entender, para que esté disponible en todos los colegios electorales.

El presidente de la JEC mostró su apoyo a lo planteado por la representación de Plena inclusión que estuvo encabezada por su vicepresidente, Juan Pérez; la responsable del Departamento Jurídico, Inés de Araoz, y el técnico de Accesibilidad Cognitiva, Antonio Hinojosa.

Una de las principales reivindicaciones de Plena inclusión es la necesidad de una normativa, en forma de Real Decreto, que asegure el cumplimiento de la administración electoral de las medidas con las que facilitar la comprensión del acto de votar para todas las personas. “Con un Real Decreto se garantizaría la financiación pública de estas medidas y se evitaría que dependa de la buena voluntad de algunas juntas electorales de zona la implantación de sistemas de accesibilidad cognitiva”, recuerda Inés de Araoz. En las próximas elecciones, por ejemplo, 900 colegios electorales de Extremadura contarán con más de 17.000 carteles en lectura fácil gracias a una iniciativa conjunta de la Junta de Extremadura, Plena inclusión y la Junta Electoral de zona.

Hay que recordar que la reforma, a finales de 2018, de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral), permitió que en España 100.000 personas incapacitadas judicialmente (en su mayoría personas con discapacidad intelectual) recuperaran su derecho al voto.